Reacción del Gobierno de Aragón ante el nuevo Real Decreto
El Gobierno de Aragón ha presentado sus observaciones al proyecto de Real Decreto que establece los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. Las alegaciones enfatizan que la redacción actual de la norma podría comprometer gravemente el desarrollo de una infraestructura fundamental para la economía del siglo XXI, así como la transformación digital, la autonomía tecnológica de Europa y la competitividad de España. El documento también destaca el “grave riesgo” que enfrentan las inversiones en Aragón relacionadas con centros de datos, las cuales superan los 54.000 millones de euros.
El Ejecutivo aragonés reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible, seguro y eficiente de los centros de datos. Sin embargo, considera que los requisitos establecidos en el proyecto de Real Decreto no logran un equilibrio adecuado entre sostenibilidad y viabilidad económica, técnica y legal. Esta situación podría resultar en la paralización de inversiones en curso y la inhibición de nuevas iniciativas en un sector que posee un alto potencial de crecimiento tanto para el país como para Aragón, lo cual es vital para asegurar la competitividad futura.
La posible paralización tendría un impacto particularmente significativo en Aragón debido al gran número y magnitud de las inversiones actualmente en tramitación, que se verían seriamente afectadas si se aprueba el proyecto de Real Decreto en su forma actual.
Petición de revisión del texto normativo
Por estas razones, el Gobierno de Aragón ha solicitado una revisión exhaustiva del texto normativo con el fin de evitar que la nueva regulación resulte en una prohibición efectiva para un sector completo. Se requiere que el documento respete principios clave como la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la neutralidad competitiva y la adecuación a la realidad tecnológica y energética.
Entre las principales preocupaciones expresadas, se encuentra la necesidad de reevaluar los requisitos energéticos, que son considerados excesivamente exigentes y, en algunos casos, imposibles de cumplir con la tecnología actual. También se solicita que se reconsideren las condiciones del régimen transitorio propuesto para evitar su aplicación retroactiva, lo que rompería la seguridad jurídica y la confianza legítima. Además, se propone revisar las obligaciones proyectadas para garantizar que se mantenga la competitividad de Aragón y de España como destinos de inversiones estratégicas en la economía digital frente a otros países europeos.
El Gobierno aragonés también destaca la importancia de mantener un diálogo constante y coordinado con las comunidades autónomas y los sectores afectados para abordar estos desafíos.
Importancia de los centros de datos en la economía actual
En la actualidad, España, y especialmente Aragón, se posiciona como uno de los principales centros europeos de la economía del dato. La regulación debería enfocarse en maximizar las oportunidades industriales, tecnológicas y de empleo que los centros de datos representan para la comunidad y el país en su conjunto. Las alegaciones presentadas identifican cinco problemas fundamentales en el proyecto normativo.
En primer lugar, se argumenta que los requisitos energéticos establecidos en los artículos 7, 8 y 9 son extremadamente difíciles, si no imposibles, de cumplir con la tecnología disponible y la configuración actual del sistema eléctrico español. Esto resultaría en una restricción casi total para el establecimiento y expansión del sector de centros de datos en España. En particular, se cuestionan las exigencias de cuotas renovables superiores al 90%, la obligación de cubrir el 80% del consumo con generación renovable adicional y la correlación horaria, las cuales actúan como barreras efectivas para el desarrollo de nuevas instalaciones.
Desafíos normativos y competitividad internacional
En segundo lugar, el Gobierno de Aragón considera que el proyecto excede el alcance de la habilitación legal existente, introduciendo limitaciones en el régimen de acceso y conexión a la red eléctrica que deberían ser abordadas mediante una norma con rango de ley. En tercer lugar, se alerta sobre los efectos retroactivos que podría tener la norma, ya que aplicaría nuevas condiciones a permisos ya concedidos y a proyectos en fases avanzadas, alterando el marco regulatorio bajo el cual se tomaron decisiones de inversión significativas y generando incertidumbre jurídica.
Además, el Gobierno de Aragón advierte que, si se aprueba este Real Decreto, España tendría un régimen significativamente más restrictivo que el existente en el ámbito europeo, lo que podría resultar en una desventaja competitiva y la deslocalización de inversiones hacia otros países. Por último, se critica la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que no incluye una evaluación adecuada de los efectos económicos y territoriales de la regulación propuesta, lo que se considera esencial para entender el impacto de una norma que podría influir en miles de millones de euros en inversiones.
Oportunidades para Aragón en la economía digital
Los centros de datos son considerados infraestructuras esenciales para el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la digitalización de las empresas. En un contexto donde Europa busca reforzar su soberanía tecnológica y reducir dependencias externas, la localización de estas inversiones se convierte en un factor crucial para la competitividad de los territorios. La cuestión no es si Europa necesita capacidad propia para el procesamiento y almacenamiento de datos, sino dónde se llevarán a cabo las inversiones necesarias para construir esa capacidad.
España presenta actualmente una ventaja competitiva significativa para atraer este tipo de proyectos, gracias a su alta disponibilidad de energía renovable, una sólida red de telecomunicaciones, disponibilidad de terrenos y un desarrollo industrial y tecnológico destacado. El Gobierno de Aragón resalta que diversos análisis posicionan a España entre los países más aptos para convertirse en un polo clave de la economía digital europea, siempre que cuente con un marco regulatorio estable y competitivo.
En este contexto, Aragón se ha establecido como uno de los territorios más atractivos para la instalación de centros de datos, gracias a su liderazgo en energías renovables, ubicación estratégica, infraestructura avanzada y un ecosistema empresarial robusto. La comunidad alberga actualmente algunos de los mayores proyectos tecnológicos del continente y mantiene en tramitación numerosas iniciativas relacionadas con este sector y su cadena de valor.