El Consejo de Gobierno extraordinario de este lunes ha tomado la decisión de presentar un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 556/2026, fechado el 30 de junio, el cual establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas. Este recurso se presentará de manera inminente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con la solicitud de suspensión cautelar correspondiente. La información fue compartida por los vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y Mar Vaquero.
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés ha informado que, a instancias del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se ha autorizado a los servicios jurídicos a interponer este recurso contra el Real Decreto que amplía otro decreto anterior de 2025, que también había sido recurrido por la comunidad autónoma debido a las limitaciones en el número de menores que podía acoger.
Cuestionamiento de las competencias autonómicas
Mar Vaquero ha expresado que la decisión de interponer este recurso se debe a la percepción de una falta de respeto por parte del Gobierno de España hacia las competencias de las comunidades autónomas. “Se repite el patrón de decisiones unilaterales que imponen un reparto forzoso sin criterios objetivos”, destacó la vicepresidenta, quien también enfatizó que esta situación pone en riesgo el sistema de protección de menores.
Vaquero argumentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa bajo “criterios políticos” que no consideran la planificación necesaria por parte de las comunidades autónomas. “Esta acción ignora el consenso que ha existido previamente en conferencias sectoriales, lo que resulta en una decisión que no respeta los criterios de las comunidades”, afirmó, reiterando la necesidad de recurrir la medida.
Incremento del cupo de acogida y sus implicaciones
Alejandro Nolasco, por su parte, explicó que el Real Decreto 556/2026 establece un incremento en el cupo de acogida obligatoria de menores extranjeros no acompañados, fijando un nuevo techo de 476 para Aragón. En respuesta a esta decisión, el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, afirmó que se intensificará la batalla judicial contra lo que considera una política “vergonzosa, ilegal e indecente” del Gobierno de Sánchez, la cual favorece la inmigración ilegal y utiliza a los menores de manera intolerable.
El Gobierno de Aragón fundamenta su recurso en la invasión de competencias autonómicas que representa el Real Decreto, argumentando que se ha llevado a cabo sin el conocimiento o consentimiento del Gobierno aragonés. Además, sostienen que regula un tema que debería estar reservado a una Ley Orgánica, dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, en particular aquellos consagrados en los artículos 10 y 15 de la Constitución Española.
Implicaciones legales y sociales del decreto
Nolasco también hizo hincapié en que el Real Decreto en cuestión incumple un acuerdo vigente entre España y Marruecos, firmado el 6 de marzo de 2007, que estipula la devolución inmediata de cualquier menor que cruza ilegalmente la frontera, garantizando su entrega a su familia o al Estado de Marruecos de manera urgente.
El vicepresidente analizó que, en la práctica, el decreto favorece la inmigración ilegal y beneficia a las mafias que se dedican al tráfico de personas. “Utiliza a los menores inmigrantes para socavar el Estado de Derecho”, expresó, subrayando que “no hay democracia sin ley” y argumentando que el Gobierno de Sánchez parece ignorar esta premisa fundamental.
Finalmente, Nolasco concluyó que la decisión de recurrir este decreto busca evitar su implementación y prevenir que el Gobierno central use esta normativa como una justificación para trasladar a las comunidades autónomas la carga de menores que resultaron de la crisis migratoria experimentada en Ceuta hace dos meses.