El Centro de Atención a la Infancia Migrante (CATIM) de Torrero, ubicado en Zaragoza, junto con el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIMA) de Movera, han incorporado recientemente personal de seguridad privada. Esta decisión es el resultado de un acuerdo establecido por el gobierno autonómico con una empresa de seguridad, con la intención de mejorar la protección en estos centros desde septiembre.
En el CATIM de Torrero, dos vigilantes comenzaron sus labores el 1 de septiembre, mientras que en el CAIIMA de Movera, otros dos efectivos se sumaron al equipo el 4 de septiembre. La seguridad en ambos centros está garantizada en un horario que se extiende de 14:30 a 23:30 horas de domingos a jueves, y de 14:00 a 00:00 horas los viernes y sábados. Esta información fue compartida por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante una rueda de prensa celebrada en Teruel.
Objetivo de la implementación de seguridad
La implementación de estas medidas de seguridad fue anunciada al comienzo de la legislatura con el objetivo primordial de «proteger a todas las personas que se encuentran en estos centros». Nolasco destacó que, aunque no todos los menores extranjeros no acompañados presentan comportamientos violentos, la presencia de algunos casos problemáticos genera inquietud. Esta situación impide que ciertos menores avancen adecuadamente en sus proyectos educativos y afecta tanto a los demás menores como a los profesionales encargados de su atención.
El vicepresidente también mencionó que la violencia que se manifiesta en estos centros puede repercutir en la seguridad de las educadoras y, en ocasiones, extrapolarse a la comunidad, afectando incluso a colectivos vulnerables como las personas mayores. Esta preocupación queda reflejada en informes técnicos, atestados policiales y resoluciones judiciales que el departamento tiene a su disposición.
Incidencias y la respuesta del Gobierno
Desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de este año, se han registrado 93 incidencias relacionadas con delitos y alteraciones de convivencia en el CATIM de Torrero y 70 en el CAIIMA de Movera. Estas cifras evidencian la necesidad de la presencia de seguridad privada en estos centros. Además, el Gobierno de Aragón informó sobre la detención, por tercera vez en un corto período, de un menor residente en CATIM, vinculado a un robo con violencia contra personas mayores.
Ante estos datos, que indican un total de 163 incidentes en un lapso de cuatro meses, Nolasco enfatizó la necesidad de abordar esta problemática. «Podemos optar por ignorar la situación o enfrentarla y buscar soluciones dentro del marco legal que nos corresponde», explicó. La decisión del gobierno se orienta hacia el fortalecimiento de la seguridad para salvaguardar tanto a las educadoras como a los menores que se encuentran bajo su custodia.
Marco legal de la seguridad privada
Las funciones que desempeñan los efectivos de seguridad privada en los centros CATIM y CAIIMA están reguladas por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que establece el Reglamento de Seguridad Privada, así como por el artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, referente a la Seguridad Privada. Esto garantiza que su intervención se realice dentro de un marco jurídico claro y establecido.