El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, inauguró este viernes las comparecencias en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, donde presentó el proyecto de Presupuestos para su departamento correspondiente al año 2027. Durante su intervención, destacó que el crecimiento de la actividad económica, el empleo y el consumo está detrás del incremento de los ingresos proyectados para la comunidad, aunque advirtió que esta mejora no soluciona los problemas estructurales del actual sistema de financiación autonómica.
Evolución de los ingresos y su relación con la economía
En su exposición sobre los ingresos que respaldan el proyecto, Bermúdez de Castro hizo hincapié en la relación directa entre la evolución económica y los recursos del sistema de financiación autonómica. «El aumento de las entregas a cuenta no es un regalo, está intrínsecamente ligado al desempeño de nuestra economía», afirmó. La salud del sector empresarial, la creación de empleo y el consumo se reflejan en las bases tributarias y en las estimaciones de ingresos, especialmente en los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el valor añadido (IVA).
Para el año 2027, Aragón espera recibir una financiación total de 6.017 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,5% respecto al año anterior. Dentro de este monto, las entregas a cuenta del IRPF alcanzarán los 2.615 millones, un aumento del 13,4%, mientras que las del IVA se situarán en 1.676 millones, un 4,1% más que en 2026.
Financiación y servicios públicos en Aragón
Las entregas a cuenta previstas totalizan 5.749 millones de euros, lo que significa un incremento de 431 millones respecto a 2026, es decir, un 8,1%. Después de restar el reintegro aplazado de liquidaciones previas, la cifra neta se eleva a 5.714 millones, a los que se añadirán otros 303 millones provenientes de la liquidación del ejercicio de 2025. Bermúdez de Castro aclaró que el Ministerio de Hacienda formula y comunica estas entregas conforme a las normativas vigentes y sus previsiones, aunque la liquidación de 2025 aún es provisional.
A pesar del incremento en los recursos, el consejero enfatizó que esto no aborda los problemas estructurales del modelo actual. Por ello, aboga por una financiación equitativa para Aragón, que considere factores como la dispersión poblacional, el envejecimiento de la población, la extensión territorial y el verdadero costo de proporcionar servicios públicos. «No es suficiente contar con la población; es esencial evaluar cuánto cuesta ofrecer los mismos servicios en territorios con características muy diversas», subrayó.
Rumbo hacia una mayor autonomía financiera
En el ámbito de la política financiera, el consejero explicó que Aragón avanzará gradualmente hacia una mayor independencia financiera, combinando el Fondo de Facilidad Financiera con préstamos bilaterales y financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. Para el año 2027, las necesidades vinculadas a la amortización de deuda y a las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 ascienden a 1.195 millones de euros. Se espera cubrir aproximadamente el 50% de esta cifra en el mercado mediante préstamos de entidades bancarias nacionales y del BEI.
Bermúdez de Castro destacó la positiva respuesta que ha tenido Aragón al retornar al mercado para financiar parte de sus necesidades, recibiendo ofertas por cerca de 1.400 millones de euros, casi siete veces el monto solicitado, lo que respalda la estrategia de buscar una mayor autonomía financiera. Además, mencionó que el peso de la deuda pública se situó en el segundo trimestre de 2026 en un 17,4% del PIB aragonés, lo que representa tres puntos por debajo del 20,4% promedio de las comunidades autónomas.
Presupuestos y su impacto en políticas públicas
En su intervención, el consejero de Hacienda presentó un presupuesto total de 9.594,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 1.048,4 millones, un 12,3% en comparación con el presupuesto inicial de 2024. El techo de gasto se establece en 8.398,1 millones. Bermúdez de Castro enfatizó que un presupuesto no debe ser evaluado solo por su cuantía, sino también por las políticas que permite implementar y su capacidad para convertir recursos en servicios efectivos. «Se trata de una previsión de ingresos, una autorización de gastos y, sobre todo, un instrumento para llevar a cabo políticas públicas», añadió.
Iniciativas fiscales y apoyo a las familias
El proyecto también incluye nuevas medidas fiscales para el año 2027, como una reducción del IRPF, la expansión de la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y nuevas deducciones para las familias. En relación al IRPF, se propone una reducción de 0,25 puntos porcentuales en los tipos de los tramos de la tarifa autonómica para ingresos inferiores a 52.500 euros, aplicable en el ejercicio fiscal 2027.
En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones, se amplía la bonificación del 99% al Grupo II de parentesco, que incluye a cónyuges, ascendientes y descendientes de 21 años o más. También se contempla un tratamiento específico para tutores o curadores de personas con discapacidad. Además, se establecen deducciones autonómicas en el IRPF de 300 euros para familias numerosas de categoría general y de 600 euros para las de categoría especial.
Las deducciones por nacimiento y adopción ascienden a 1.000 euros por el primer hijo, 1.500 por el segundo y 2.500 en el caso de familias numerosas. Para situaciones de discapacidad igual o superior al 33%, las cuantías aumentan a 2.000, 3.000 y 5.000 euros, respectivamente. Las deducciones por nacimiento y adopción en áreas rurales se incrementan en un 20% y están sujetas a límites de ingresos, fijados en 40.000 euros para declaraciones individuales y 55.000 euros para conjuntas, además de los demás requisitos establecidos en la normativa propuesta.
Finalmente, se incluye una reducción del 80% en las tasas por la expedición de licencias y permisos de caza y pesca, así como por servicios facultativos agronómicos. «Estas son medidas diversas que deben evaluarse en función de sus beneficiarios y su impacto presupuestario, conformando parte de una política de ingresos coherente con la estabilidad financiera y la adecuada financiación de los servicios públicos», concluyó Bermúdez de Castro.